Santo Domingo.-. El destituido juez Juan Francisco Rodríguez Consoró manifestó hoy que el Consejo del Poder Judicial, lo destituyó mediante una resolución basada en injurias y calumnias, así como en completa violación a todos sus derechos fundamentales y con aplicación retroactiva de normas, algunas de las cuales contienen visos de inconstitucionalidad.
Dijo que la decisión del órgano judicial fue con el objetivo de satisfacer las presiones de un sector del Ministerio Público y la realidad del momento, con su propósito de seguir alimentando el circo, conseguir views y likes, que es casi parte del diario vivir.
“Lo primero que quiero expresar al país, es que con esta comunicación no pretendemos defender al juez por su destitución, pues esa función no me define ni como persona ni como profesional, quienes me conocen y han seguido mi trayectoria a lo interno del Poder Judicial, saben que mi formación personal no me permiten ser parte de actos contrario a la ley, la ética y la moral”, aseveró.
Aseguró que está consciente que se trata de una decisión que es recurrible y revocable, pues, no tiene autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, la cual va apelar.
Precisó que la comunicación tiene como propósito responder el juicio mediático que se ha hecho a un proceso disciplinario, pues, defender su honor y buen nombre y el de su familia, a la cual me debo con todo mi ser, es un derecho.
Indicó que no está opuesto a ser investigado penalmente, pues no tengo nada que esconder ni que temer: “A lo que estoy completamente opuesto, es a que cualquier persona sin importar raza, color e ideología, sea procesada fuera de todas las garantías constitucionales, y que se le condene sin pruebas, simplemente por el rumor que ellos mismos han creado, lo que ha generado este juicio mediático”.
Advirtió a la comunidad jurídica nacional a estar atenta a los verdaderos propósitos que se persiguen con su destitución y publicidad morbosa de la misma, “pues, no es más que destruir las garantías de derecho y el debido proceso de los ciudadanos y con esto la libertad decisiones e independencia de los jueces dominicanos”.
Apuntó que con la medida se busca amedrentar y adoctrinar a todos los juzgadores instaurando así una dictadura judicial al servicio de un sector del Ministerio Público, a los fines de desnaturalizar el fin último de la justicia y la aplicación de la norma, así como la finalidad del proceso penal.
