Por Rebeca Henríquez
Defensora de Derechos Humanos de Personas Vulnerables
La reciente crisis en el Barrio Azul nos enfrenta a una realidad alarmante que no podemos ignorar.
A tres meses de la inauguración de un proyecto habitacional que prometía mejorar la calidad de vida de sus residentes, la entrega de los 128 apartamentos se ha convertido en una espera angustiante.
Este retraso es más que un simple inconveniente. Es una muestra clara de cómo la corrupción y el abuso de poder pueden socavar los esfuerzos por construir un futuro mejor para aquellos que más lo necesitan.
Es inaceptable que, en lugar de cumplir con su responsabilidad, algunos funcionarios del Estado dominicano intenten apropiarse de estos apartamentos.
Esta situación refleja una falta de respeto hacia las familias que llevan años esperando un hogar digno.
Detrás de cada apartamento hay historias de esperanza, sufrimiento y anhelos. Historias que no pueden ser ignoradas ni convertidas en cifras frías.
El llamado al presidente Luis Abinader es apremiante.
Es necesario que dirija su atención hacia la provincia Duarte y tome medidas concretas para erradicar a los «vultures» corruptos que obstaculizan el progreso.
La entrega inmediata de estos apartamentos no solo es una cuestión administrativa, es un acto fundamental para restaurar la dignidad y la confianza en las instituciones.
No podemos quedarnos callados ante esta injusticia. Cada ciudadano tiene el poder de alzar su voz y exigir cambios.
La participación activa en la defensa de nuestros derechos es crucial para construir una sociedad más justa y equitativa.