PC aboga ante el Estado dominicano por el cumplimiento de la Ley No. 169-14   

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Santo Domingo, RD. La Ley No. 169-14 sobre Registro Civil y Naturalización cuenta con la legitimidad jurídica y democrática necesaria para ser cumplida por todos los poderes públicos y autoridades competentes de la República Dominicana. 

Participación Ciudadana, realizó un estudio sobre la implementación de dicha ley y su reglamento durante los últimos 8 años. 

La ley 169-14 establece un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional inscritas en el registro civil dominicano y sobre naturalización, y fue creada para solucionar un grave problema de violación masiva a derechos humanos fundamentales, provocado a raíz de la sentencia 168-13 dictada el 23 de septiembre de 2013 por el Tribunal Constitucional dominicano, que revocó retroactivamente y de forma colectiva la nacionalidad de miles de personas nacidas en República Dominicana desde el año 1929, de padre y/o madre con un estatuto migratorio “irregular”, “en tránsito” o “no residente”. 

La afirmación de Participación Ciudadana se desprende de los resultados obtenidos por la investigación realizada por la organización a cargo de la abogada Patricia Santana Nina. 

En el evento de presentación de este documento preliminar, el coordinador general de Participación Ciudadana, Joseph Abreu, señaló que, en este informe y la posterior investigación vinculada al mismo, se procura visibilizar la impostergable solución a este conflicto que nunca debió ser, donde miles de personas fueron afectadas en uno de los derechos más fundamentales que atañen a un ser humano después del derecho a la vida, como principal, que es el derecho a una nacionalidad.  

“Debemos entender esta realidad, y llevarnos como misión el encaminar todos nuestros esfuerzos a que este gravísimo problema no se extienda ni un día más”, indicó Abreu.  

Los principales hallazgos de esta investigación fueron presentados por la investigadora Patricia Santana Nina, quien señaló que este estudio revela que la mayoría de las personas beneficiarias de la ley aún no son reconocidas como dominicanas de pleno derecho. 

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