Por Francisco Luciano
Cuando la Secretaría de Salud de la Fuerza del Pueblo, junto a otros sectores, comenzó a denunciar el creciente déficit financiero en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) a mediados de 2025 —basado en sus propios estados financieros y quejas de afiliados por retrasos en servicios—, el presidente Luis Abinader respondió en su espacio La Semanal minimizando las alertas. En esa ocasión, el mandatario preguntó retóricamente a los periodistas: «¿Antes del 2020 alguien tomaba en cuenta el SeNaSa? ¿Lo utilizaba alguien? Ahora es que tiene valor». Con ello, acusó a la oposición de buscar politizar el tema y pretender la exclusión de millones de afiliados, dándole un giro defensivo a un reclamo fundamentado en indicadores oficiales que mostraban tensiones presupuestarias y retrasos en pagos a proveedores y prestadores.
Meses después, en septiembre de 2025, emergieron denuncias periodísticas y oficiales sobre presuntas irregularidades graves: fraudes en la facturación de medicamentos de alto costo, autorizaciones ficticias de procedimientos médicos (incluso a personas fallecidas), pagos exprés a proveedores sin controles adecuados, un call center paralelo para aprobar reclamaciones no solicitadas, y adulteración crónica de estados financieros para ocultar desvíos. Estas anomalías, que afectaron las Reservas Técnicas de SeNaSa en miles de millones de pesos, involucraban a altos funcionarios, empresarios y redes de farmacias y clínicas. Según revelaciones posteriores, el Gobierno había detectado algunas de estas anomalías desde noviembre de 2024, iniciando auditorías internas y remitiendo informes preliminares al Ministerio Público antes de que las denuncias opositoras y periodísticas se intensificaran.
Esta secuencia plantea interrogantes legítimas y profundas: si el Ejecutivo tenía conocimiento previo de posibles fraudes —como lo admitió el propio presidente al destacar la proactividad gubernamental en la entrega de informes a la Procuraduría—, ¿por qué la respuesta inicial en La Semanal fue tan categórica, minimizando las alertas opositoras sin aludir a las indagatorias en curso ni comprometerse públicamente a una investigación exhaustiva? ¿Era una estrategia para ganar tiempo, o reflejaba una subestimación inicial del alcance del problema? ¿O se pretendía dejar eso así?
Más de un año después de las primeras señales de alarma (noviembre 2024), las acciones judiciales se aceleraron notablemente en diciembre de 2025, con la «Operación Cobra»: allanamientos, arrestos de 10 imputados —incluido el exdirector Santiago Hazim (destituido en agosto 2025) y gerentes clave— y una solicitud de 18 meses de prisión preventiva por asociación de malhechores, corrupción, lavado de activos y desfalco estimado en más de RD$15,000 millones. Esta intensificación ocurrió días después de la multitudinaria marcha convocada por la Fuerza del Pueblo el 30 de noviembre de 2025, donde uno de los reclamos centrales fue precisamente el castigo a los responsables de las presuntas estafas en SeNaSa, junto a demandas por mejoras en el sistema de salud público.
La coincidencia temporal —una protesta masiva seguida de arrestos de alto perfil— genera dudas razonables: ¿el impulso judicial responde puramente a la acumulación de evidencias y al trabajo independiente del Ministerio Público, o factores políticos externos, como la presión opositora y pública, influyeron en su aceleración? En un contexto donde el Gobierno ha enfatizado su «cero tolerancias» a la corrupción, incluso deslindándose de figuras cercanas como Hazim (exlíder de un sector clave en campañas del PRM), surge el riesgo de percepciones de oportunismo: acciones que generan expectativa inicial de justicia ejemplar, pero que en casos sensibles podrían diluirse en procesos prolongados sin condenas firmes.
Quienes defendemos el principio de presunción de inocencia hasta que haya una sentencia definitiva no podemos cerrar los ojos ante patrones históricos en la política dominicana, donde escándalos de esta magnitud —que impactan directamente a los afiliados más vulnerables, privándolos de medicamentos y servicios esenciales— se usan como herramientas de distracción o legitimación temporal. Ojalá este no sea el caso: es imperativo que la justicia actúe con plena independencia, profundice las investigaciones (incluyendo auditorías forenses en curso por la Cámara de Cuentas), verifique cada acusación con rigor probatorio y, si se comprueban los abusos en el manejo de recursos vitales para la salud de millones, aplique sanciones ejemplares e irreductibles a todos los responsables, sin distinción de posición, afinidad política o cercanía al poder. Solo así se restaurará la confianza en instituciones clave como SeNaSa, que cubre a la mayoría de la población subsidiada y representa un pilar del Sistema Dominicano de Seguridad Social.
La transparencia absoluta y la rendición de cuentas efectiva no son opcionales: son el antídoto contra el cinismo ciudadano y la garantía de que la salud deje de ser rehén de intereses particulares.
El autor es docente universitario y dirigente político.
Compartir:
