El juez Juan Carlos Peinado decidió procesar a Begoña Gómez, esposa del presidente de España, Pedro Sánchez, tras concluir la fase de instrucción de una causa judicial que investiga presuntas irregularidades vinculadas a su actividad profesional y académica.
El magistrado determinó este lunes 13 de abril que existen indicios suficientes para continuar el procedimiento por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.
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Al mismo tiempo, descartó el delito de intrusismo profesional y rechazó ampliar el período de investigación.
La decisión abre paso a una nueva etapa procesal. El juez otorgó a las partes un plazo de cinco días para que se pronuncien sobre la posible apertura de un juicio oral, que podría celebrarse ante un jurado popular, encargado de emitir el veredicto sobre la culpabilidad o inocencia de los acusados.
Origen de la investigación
La causa se remonta a abril de 2024, cuando el autodenominado sindicato Manos Limpias presentó una denuncia basada en informaciones periodísticas.
A partir de ese momento, el juzgado inició diligencias para esclarecer posibles delitos relacionados con la gestión de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid.
Según el auto judicial, el magistrado considera que Gómez pudo haberse beneficiado de su entorno personal para influir en decisiones institucionales. En ese sentido, sostiene que existió un posible “aprovechamiento singular de su posición relacional” para obtener ventajas vinculadas a su proyecto académico.
El juez también señala que determinadas decisiones públicas adoptadas desde 2018, coincidiendo con la llegada de Sánchez al poder, habrían favorecido el desarrollo de la cátedra y sus actividades asociadas.
Presuntas irregularidades en financiamiento y gestión
En relación con el delito de corrupción en los negocios, el magistrado apunta que Gómez habría impulsado la captación de fondos privados que, según los indicios, no se habrían destinado exclusivamente al proyecto académico, sino que podrían haber tenido un beneficio personal.
El auto plantea que el patrocinio empresarial podría encubrir contraprestaciones vinculadas a futuras ventajas en contratos públicos, lo que refuerza la hipótesis de una posible relación irregular entre financiación privada y decisiones institucionales.
Asimismo, el juez propone juzgar a Gómez por apropiación indebida al considerar que registró como propio un software desarrollado en el marco de la cátedra de Transformación Social Competitiva.
Implicación de otros investigados
La resolución también mantiene el proceso contra Cristina Álvarez, asesora de Gómez, por su presunta participación en el delito de malversación, al haber realizado, según el juez, tareas ajenas a sus funciones oficiales mientras percibía un salario público.
De igual forma, el empresario Juan Carlos Barrabés continuará investigado por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
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