El gobierno de Chile impulsa una reforma legislativa que obligaría a hospitales, centros de salud y establecimientos educativos a proporcionar información sobre migrantes irregulares a las autoridades migratorias para facilitar procesos de expulsión administrativa.
La propuesta fue presentada por el Ejecutivo encabezado por José Antonio Kast durante una sesión parlamentaria en la que se discute un proyecto de ley destinado a reforzar y agilizar los mecanismos de deportación de extranjeros sin documentación regular.
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Según el texto de la indicación legislativa, “todo órgano de la Administración del Estado, institución u organismo previsional o de salud público o privado, o establecimiento de educación público o privado, estarán obligados a entregar a la autoridad administrativa migratoria y contralora los antecedentes que éstas requieran”.
La iniciativa contempla que dichas instituciones puedan entregar datos personales como domicilio, números telefónicos, correos electrónicos y otra información relacionada con extranjeros sometidos a procedimientos migratorios en curso.
La medida forma parte del endurecimiento de la política migratoria impulsada por José Antonio Kast desde su llegada al poder en marzo pasado. El mandatario ganó las elecciones presidenciales con un discurso centrado en el combate a la migración irregular y la delincuencia, dos fenómenos que su gobierno ha vinculado reiteradamente.
Durante una rueda de prensa realizada este jueves, Kast defendió la propuesta y aseguró que el objetivo es ordenar el uso de los servicios públicos financiados por el Estado.
“Hay que ordenar las prestaciones sociales que entrega el Estado y la única manera de ordenar es saber quiénes utilizan los distintos servicios públicos”, afirmó el gobernante.
Rechazos y críticas
La propuesta ha generado debate entre organizaciones defensoras de derechos humanos y sectores políticos de oposición, que advierten sobre posibles vulneraciones al acceso universal a la salud y la educación, especialmente en el caso de menores de edad y familias migrantes vulnerables.
Ante las críticas, el Ministerio del Interior chileno emitió posteriormente una declaración aclarando que la medida no busca perseguir a niños migrantes ni restringirles el acceso a servicios esenciales.
“Nadie va a estar persiguiendo a niños porque están protegidos conforme al Derecho Internacional”, aseguró la cartera.
El ministerio explicó que la intención es obtener información sobre los adultos responsables de los menores y precisó que no se pretende realizar controles masivos dentro de hospitales o escuelas.
“No estamos diciendo que se van a iniciar procedimientos exhaustivos de chequeo en todos los organismos que la ley posibilite, sino, simplemente se trata de tener la posibilidad de acceder a cierta información, quizás de una manera más específica, más puntual, en vez de un requerimiento masivo”, añadió el organismo.
Actualmente, más de 330.000 extranjeros viven en situación migratoria irregular en Chile, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). La mayoría corresponde a ciudadanos venezolanos que llegaron al país durante los últimos años en medio de la crisis económica y política de Venezuela.
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