ALERTA EN LA PRENSA: DISPOSICIONES LEGALES AMENAZAN CON «AMORDAZAR» LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN RD
SANTO DOMINGO, RD. – Diversos sectores de la sociedad civil y gremios periodísticos han dado la voz de alarma ante lo que califican como una «ley mordaza» en la República Dominicana, impulsada a través de un nuevo Código Penal y proyectos de regulación comunicacional que buscan restablecer las penas de prisión por delitos de palabra y crear organismos de control de contenidos.
El retorno de la prisión por difamación El punto de mayor conflicto radica en el artículo 208 del nuevo Código Penal, el cual reintroduce penas de dos a cinco años de prisión menor y multas de hasta quince salarios mínimos para quienes sean hallados culpables de difamación en medios tradicionales o plataformas digitales. Persio Maldonado, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), advirtió que esta medida contradice los precedentes del Tribunal Constitucional, que ya había dejado sin efecto la privación de libertad para estos casos para garantizar un espacio comunicacional libre. Maldonado enfatiza que estas «leyes draconianas» generan un clima de miedo que atenta directamente contra el periodismo de investigación y la fiscalización social.
INACOM: ¿Un ente de censura administrativa? Paralelamente, el Poder Ejecutivo ha depositado un proyecto de ley para regular la libertad de expresión que contempla la creación del Instituto Nacional de Comunicación (Inacom). Este organismo, dependiente del Ministerio de Cultura, tendría facultades de supervisión sobre contenidos audiovisuales y digitales, con una matrícula designada directamente por el Gobierno sin concurso público. Críticos de la pieza legislativa sostienen que el Inacom plantea riesgos de censura administrativa y vigilancia de contenidos, permitiendo al Estado intervenir en la producción y divulgación de información.
Desigualdad jurídica e inmunidades Otro aspecto relevante es el artículo 211 del Código Penal, que establece inmunidades para los discursos emitidos en las cámaras legislativas e informes oficiales, lo que ha sido denunciado como un privilegio que genera desigualdad ante la ley. La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) ha calificado estos proyectos como un «Frankenstein Legislativo» diseñado para blindar a los funcionarios públicos de los cuestionamientos de la prensa y la ciudadanía.
Contexto: Una estabilidad bajo amenaza Pese a que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) reconoció a la República Dominicana con la mayor puntuación en el Índice de Chapultepec en 2025, el organismo advierte que la libertad de prensa vive un periodo crítico debido a una «mordaza sigilosa». Esta se manifiesta en la fragilidad económica de los medios, el uso discrecional de la publicidad estatal y las tensiones generadas por estas nuevas propuestas legislativas. Mientras el Congreso sigue sin lograr consenso sobre la reforma a la Ley 6132, el debate sobre el derecho al honor frente a la libertad de prensa se traslada nuevamente a los tribunales y a la protesta social
