Por Felipe Lora Longo
El Presupuesto General del Estado no es simplemente una lista de gastos. Es una declaración de prioridades.
Y el Proyecto de Presupuesto 2027 obliga a formular tres preguntas esenciales:
¿Quién paga?
¿Quién recibe?
¿Quién decide?
El Gobierno proyecta gastar RD$351,327 millones solamente en intereses de la deuda pública durante 2027. Son cerca de RD$962 millones diarios.
La cifra prácticamente iguala todo el gasto funcional destinado a educación y casi duplica el de salud.
Más revelador todavía: antes de pagar intereses, el presupuesto presenta un pequeño superávit primario de RD$24,045 millones. Después de incorporarlos, aparece un déficit de RD$327,281 millones.
Y para cubrir déficit, amortizaciones y otras necesidades financieras, el Gobierno proyecta buscar otros RD$464,126 millones de financiamiento bruto.
La deuda alimenta así una parte creciente del presupuesto futuro.
Desde julio de 2020, poco antes de la llegada de Luis Abinader al poder, hasta la proyección oficial de cierre de 2026, el saldo nominal de la deuda pública no financiera pasa de aproximadamente US$39,152 millones a US$67,914 millones.
Son casi US$28,800 millones adicionales.
Eso no significa que todo ese aumento corresponda exclusivamente a deuda nueva utilizada para gasto corriente: durante esos años también se han amortizado y refinanciado obligaciones anteriores.
Pero demuestra que el problema de la deuda no puede continuar tratándose como una simple nota técnica.
Mientras se pide prestado, también se deja de cobrar
La discusión fiscal tiene otra cara.
Un estudio reciente del FMI y la DGII calculó que la brecha de cumplimiento del ITBIS todavía alcanzaba 36.5 % en 2023.
Es decir, más de un tercio del impuesto potencial no llegaba efectivamente al Estado.
Los mayores espacios de incumplimiento fueron identificados en actividades como construcción y comercio, hoteles y restaurantes y servicios profesionales.
Entonces debemos preguntarnos:
¿Por qué el debate fiscal comienza casi siempre preguntando cuánto más debe pagar la población y no cuánto dinero deja de cobrar el Estado?
Y todavía existe otra interrogante.
La última estimación integral publicada sobre incumplimiento del Impuesto Sobre la Renta de las empresas continúa siendo antigua. Antes de discutir nuevos impuestos o nuevas cargas sobre el consumo, el país debería conocer cuánto del impuesto empresarial que legalmente corresponde pagar efectivamente llega al Estado.
Evasión y exenciones no son lo mismo.
Las exenciones son legales y algunas protegen bienes esenciales o actividades consideradas estratégicas.
Pero todas deberían responder periódicamente una pregunta sencilla:
¿Qué beneficio social obtiene el país a cambio del impuesto que decide no cobrar?
¿Y quién recibe?
Mientras se destinan RD$351 mil millones a intereses, el presupuesto contempla también más de RD$116 mil millones para las tres distribuidoras eléctricas.
Después de décadas de reformas, subsidios y reorganizaciones, las EDE continúan requiriendo enormes transferencias públicas.
El país necesita saber cuánto corresponde a pérdidas técnicas, cuánto a fraude, cuánto a ineficiencia y cuánto termina finalmente pagando contratos con generadores privados.
También aparecen RD$1,000 millones para EMIDOM, la nueva empresa minera estatal encargada de explorar recursos estratégicos como las tierras raras.
Si el Estado financiará la exploración con recursos públicos, debe quedar claro desde ahora quién controlará los resultados, cómo se establecerán futuras asociaciones y qué participación conservará el país en cualquier explotación posterior.
¿Y quién decide?
Hay finalmente una cuestión institucional.
Formalmente, el presidente propone el presupuesto y el Congreso lo discute y aprueba.
Pero en los últimos años las modificaciones importantes que hemos identificado han venido repetidamente desde el propio Poder Ejecutivo mediante adendas y presupuestos reformulados.
No hemos encontrado todavía un caso reciente en que el Congreso haya reducido de manera sustancial, por iniciativa propia, el monto global presentado por el presidente.
Por eso vale preguntar:
¿Cuándo fue la última vez que el Congreso dominicano utilizó realmente su poder presupuestario para modificar de manera importante las prioridades fiscales del Ejecutivo?
El Congreso no debería limitarse a convertir en ley el presupuesto presidencial.
Debe examinarlo, cuestionarlo y modificarlo cuando corresponda.
El dinero no pertenece al Gobierno
El dinero del presupuesto no pertenece al presidente.
Tampoco pertenece al Congreso.
Proviene del trabajo, del consumo, de la producción, de los impuestos y de deudas que terminarán pagando ciudadanos presentes y futuros.
Por eso la discusión del Presupuesto 2027 no debería reducirse a determinar qué ministerio recibió más o menos.
· Hay que preguntar:
· Cuánto se paga en deuda.
· Cuánto se deja de recaudar.
· Quién recibe exenciones.
· Quién recibe subsidios.
· Quién cobra intereses.
· Quién decide las prioridades.
· Y quién fiscaliza todo eso.
Antes de pedir otro sacrificio al ciudadano que trabaja, consume y paga impuestos, el Estado dominicano debería responder con claridad:
¿Quién paga?
¿Quién recibe?
¿Quién decide?
