Presentan ante el CN la propuesta de Ley Mirabal para fortalecer la protección integral de las mujeres
NOTA DE PRENSA
El Gabinete de Mujeres, Adolescentes y Niñas presentó el anteproyecto a la Cámara de Diputados para establecer una respuesta coordinada del Estado en la prevención, protección, atención, investigación y sanción de las violencias contra las mujeres
Santo Domingo. El Gabinete de Mujeres, Adolescentes y Niñas entregó a la Cámara de Diputados el anteproyecto de Ley de Respuesta Integral a las Violencias contra las Mujeres en la República Dominicana, denominado Ley Mirabal, una propuesta dirigida a fortalecer el marco jurídico nacional y establecer responsabilidades institucionales para una respuesta coordinada frente a las distintas manifestaciones de violencia contra las mujeres.
La entrega se realizó en el Congreso Nacional, con la participación del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; la ministra de la Mujer, Gloria Reyes; la presidenta de la Comisión de Asuntos de Familia y Equidad de Género, Aracelis Villanueva; la presidenta de la Comisión de Asuntos de Equidad de Género de la Cámara de Diputados, Brenda Ogando; y la diputada e impulsora de la iniciativa legislativa Déjala Ir, Kinsberly Taveras. También estuvieron presentes la viceministra de Seguridad Preventiva en Sectores Vulnerables del Ministerio de Interior y Policía, Chandrai Estévez; la magistrada Ana Andrea Villa Camacho, titular de la Dirección Nacional contra la Violencia de Género de la Procuraduría General de la República; y Minou Tavárez Mirabal.
Durante el acto, la ministra Gloria Reyes explicó que la propuesta busca superar la fragmentación de la respuesta institucional, de modo que las mujeres en situación de violencia no tengan que recorrer distintas instancias sin recibir la protección que necesitan.
“Una mujer en peligro no debe encontrar muchas puertas. Debe encontrar un solo Estado”, expresó la ministra al presentar la iniciativa ante los legisladores y legisladoras.
Reyes señaló que el anteproyecto es resultado de un proceso de construcción técnica e interinstitucional que incluyó el análisis de casos, la identificación de brechas en los mecanismos de atención y coordinación, así como el intercambio con organizaciones de mujeres y feministas que durante años han reclamado una legislación integral.
La senadora Aracelis Villanueva, presidenta de la Comisión de Asuntos de Familia y Equidad de Género, destacó que la propuesta busca transformar la manera en que el Estado responde a las situaciones de violencia, mediante un sistema integral que articule a las instituciones responsables y evite que las mujeres tengan que relatar reiteradamente sus experiencias en distintas dependencias para recibir protección. También resaltó que el anteproyecto incorpora diversas manifestaciones de violencia y contempla medidas para fortalecer la protección de las víctimas y de sus hijos e hijas.
La diputada Kinsberly Taveras, impulsora de la iniciativa legislativa Déjala Ir, valoró el trabajo desarrollado durante más de 20 años por organizaciones de mujeres, instituciones públicas, representantes del sistema de justicia y otros sectores para construir propuestas frente a la violencia de género.
Taveras consideró que la Ley Mirabal recoge esos esfuerzos y representa una oportunidad para convertirlos en una herramienta jurídica que contribuya a combatir la violencia y reducir las desigualdades que afectan a las mujeres.
Por su parte, Minou Tavárez Mirabal resaltó la importancia de actualizar la Ley 24-97 a partir de las experiencias acumuladas durante su aplicación, a fin de superar sus limitaciones y ofrecer herramientas efectivas para garantizar los derechos de las mujeres.
Tavárez Mirabal valoró que la propuesta lleve el nombre de Patria, Minerva y María Teresa Mirabal como una forma de vincular su legado con la defensa de la vida, la integridad y los derechos de las mujeres, y exhortó al Congreso Nacional a aprovechar la oportunidad para impulsar su aprobación.
Una respuesta articulada desde el Estado
La propuesta plantea establecer obligaciones institucionales claras para prevenir las violencias, proteger a las mujeres en situación de riesgo, garantizar atención oportuna, fortalecer la investigación y persecución de los hechos, aplicar las sanciones correspondientes y asegurar la reparación.
El anteproyecto también procura que la coordinación entre las instituciones no dependa de iniciativas individuales, sino que cuente con responsabilidades definidas, recursos y mecanismos de seguimiento. Este enfoque procura que las señales de riesgo puedan identificarse y atenderse de manera oportuna, evitando que la falta de comunicación entre organismos limite la protección de las mujeres.
La construcción de la iniciativa contó con la participación del Ministerio de la Mujer, mediante el trabajo articulado de las instituciones que integran el Gabinete de Mujeres, Adolescentes y Niñas, en el que participan el Ministerio Público, el Ministerio de Interior y Policía y la Policía Nacional. Además, incorporó los aportes de organizaciones de mujeres, colectivos feministas y defensoras de derechos humanos que durante años han reclamado una legislación integral, junto con los esfuerzos de las diputadas promotoras del paquete legislativo Déjala Ir.
Solicitan prioridad para su conocimiento legislativo
Durante el acto, se solicitó al Congreso Nacional declarar de urgencia el proyecto, conformar una comisión bicameral especial para su estudio y armonización con el Código Penal, y procurar su aprobación definitiva en noviembre de 2026, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Un reconocimiento al legado de las hermanas Mirabal
La denominación Ley Mirabal honra la memoria de Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, referentes de la lucha por los derechos de las mujeres y símbolo internacional de la resistencia frente a la violencia y la opresión.
El Gabinete de Mujeres, Adolescentes y Niñas, mediante la entrega del anteproyecto, procura impulsar un marco jurídico integral que fortalezca la coordinación entre las instituciones del Estado y establezca mecanismos para prevenir y responder de manera efectiva a las violencias contra las mujeres, en garantía de su derecho a vivir libres de violencia.
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