Por Bill Peña
La supuesta licitación de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), por un monto de 630 millones de pesos para la adquisición de habichuelas con dulce, ha generado sorpresa y cuestionamientos en distintos sectores de la sociedad dominicana.
La cifra llama la atención, especialmente cuando el país enfrenta grandes deficiencias en servicios esenciales como la salud y la educación, donde miles de ciudadanos esperan soluciones a necesidades urgentes.
Aunque los programas de asistencia alimentaria son importantes, resulta necesario preguntarse si los recursos públicos están siendo destinados de acuerdo con las verdaderas prioridades nacionales. Una contratación de esta magnitud requiere explicaciones transparentes sobre su justificación, las cantidades contempladas, los costos unitarios y los beneficiarios.
Esta situación cobra mayor relevancia al observar las precariedades que enfrenta Barahona, provincia de origen del director de la DASAC. Allí, el Hospital Regional Universitario Jaime Mota continúa enfrentando necesidades de infraestructura, equipos y medicamentos, mientras el hospital municipal de Vicente Noble permanece afectado por una prolongada reparación que, según denuncias, no ha podido concluirse por falta de recursos.
A las dificultades hospitalarias se suman las deficiencias de numerosos centros educativos. Un ejemplo es la Escuela Profesora Marina Sepúlveda, del municipio de El Peñón, cuyas condiciones han generado preocupación. Como este plantel, otros centros escolares de Barahona y la región necesitan reparaciones y remozamiento para garantizar espacios seguros y dignos a estudiantes y docentes.
Ante esta realidad, cabe cuestionar si el director de la DASAC está gestionando y dando visibilidad a las necesidades de su provincia y del país. La responsabilidad de un funcionario público no debe limitarse a dirigir una institución, sino que también implica actuar con transparencia, sensibilidad social y compromiso con las comunidades que reclaman respuestas.
No se trata de rechazar los programas alimentarios, sino de garantizar que cada peso del presupuesto público se utilice correctamente y responda a necesidades debidamente justificadas. Si la contratación de los 630 millones de pesos es real, las autoridades deben explicar detalladamente su alcance y demostrar que existe una razón sustentada para semejante inversión.
Barahona y la República Dominicana necesitan funcionarios comprometidos con hospitales dignos, escuelas en buenas condiciones y mejores oportunidades para sus ciudadanos. El director de la DASAC tiene la oportunidad de ofrecer explicaciones convincentes sobre esta contratación.
La ciudadanía merece transparencia y responsabilidad en el manejo de sus impuestos, porque los recursos públicos no pertenecen a ningún funcionario: pertenecen al pueblo y deben estar al servicio de sus necesidades.
