UNET llama al Gobierno a acompañar ajustes económicos con soluciones para el transporte
SANTO DOMINGO.– La Unión Nacional de Empresas del Transporte (UNET) exhortó este martes al Gobierno a tomar en cuenta el impacto que los recientes ajustes económicos pueden tener sobre los operadores y, especialmente, sobre los millones de usuarios que dependen diariamente del transporte público para trasladarse a sus trabajos, centros de estudios y otras actividades.
El presidente de la entidad, Reynaldo Pérez Sánchez (Moreno), señaló que entre las medidas figuran el aumento de los precios del marbete dispuesto por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de RD$1,500 a RD$2,000 y de RD$3,000 a RD$4,000, además de la implementación de la inspección técnica vehicular, conocida como «la revista», prevista para el primer semestre de 2027.
A estos compromisos se suman los incrementos en los peajes y los precios de los combustibles, cuyos efectos pueden trasladarse a los costos de operación del transporte y, eventualmente, repercutir en el precio que pagan los pasajeros por cada viaje.
Pérez Sánchez consideró necesario que estas disposiciones estén acompañadas de medidas que beneficien al sector y protejan a los ciudadanos, comenzando por la revisión de los vehículos del transporte público y la adecuación de las unidades que prestan el servicio.
Asimismo, pidió al Gobierno establecer los corredores de transporte que hacen falta, al tiempo que recordó la importancia de que cualquier medida que implique nuevos costos para el sector tome en consideración la capacidad económica de los usuarios, para evitar que sean estos quienes terminen soportando el peso de los ajustes.
El presidente de la UNET sostuvo que el Gobierno estableció en la Redorma del año 2012 un impuesto de RD$2.50 con el propósito de contribuir a la deschatarrización del país: RD$2.00 destinados a RD Vial y los RD$0.50 restantes para el retiro de vehículos chatarras.
Sin embargo, explicó que para ejecutar este proceso existe un fondo acumulado desde la reforma realizada en 2012, proveniente de los recursos generados por la chatarra, por lo que considera que no es necesario recurrir a nuevos recursos del Estado para financiar esa iniciativa.
Asimismo, aclaró que el proyecto de los corredores corresponde a una iniciativa privada en la que el Estado actúa como garante, mientras que los compromisos financieros deben ser saldados ante el Banco de Reservas.
En ese sentido, destacó la importancia de transparentar el origen, destino y manejo de estos recursos, así como de garantizar que los fondos recaudados cumplan con los propósitos para los que fueron establecidos, en beneficio de la modernización del transporte y de la ciudadanía.
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