Santo Domingo.-. El abogado constitucionalista Cristóbal Rodríguez consideró que es necesario reformar la Constitución para dar garantías de que el ministerio público tenga real independencia y sus titulares no tengan el temor de tomar iniciativas que puedan afectar a funcionarios.
El jurista manifestó que no se puede modificar por ley el mecanismo de designación y destitución del procurador general de la República, que ahora está a discreción del presidente de la República.
Entrevistado en el programa televisivo “McKinney”, por Color Visión, Rodríguez señaló que el proyecto que se está debatiendo plantea que el mecanismo de designación se haga por ley, no cual no considera correcto porque los funcionarios de primera línea tienen su forma de escoger definida en la Constitución.
“La Constitución define cómo se eligen los legisladores, cuáles son las condiciones que se requieren para ser legislador; cómo se eligen a los jueces de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Constitucional, del Superior Electoral, a los miembros de la Cámara de Cuentas, de la Junta Central Electoral, a los ministros, porque una de las cosas que hace la Constitución es organizar la forma en que funciona el poder y la forma en que acceden a él los titulares de ese poder”, explicó Rodríguez.
El experto en derecho constitucional indicó que un funcionario de la categoría del procurador general de la República no se puede permitir que sea una ley quien lo designe.
Dijo que en la propuesta se designaría al procurador por seis años lo que ha levantado críticas de algunos sectores que consideró “atinadas” porque ese elemento debe ser revisado por el gobierno a conciencia.
Las opciones que se plantean son que el procurador se elija en el Consejo Nacional de la Magistratura o en un mecanismo en el que participe el presidente de la República y el Senado, siendo esta última la que Rodríguez favorece porque tendría un control senatorial de la designación.
Afirmó que es conveniente que el presidente de la República tenga una participación en la designación del procurador porque no es deseable que el titular de esa posición esté totalmente desvinculado del Ejecutivo.
Rodríguez señaló que además de la designación, es necesario rodear al funcionario de inamovilidad por el período de gestión para que pueda actuar con independencia para que “no tenga temor de emitir una directriz o iniciar un proceso de investigación contra un funcionario por riesgo de destitución”.