Por Amaury Reyna Liberato*
Por estos días, en los pasillos del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), corre un murmullo que amenaza con convertirse en tormenta. En medio del proceso para escoger sus nuevas autoridades, la Comisión Nacional Electoral parece estar dispuesta a tomar decisiones que, de concretarse, no solo extralimitarían sus funciones, sino que también podrían socavar la esencia misma de la democracia gremial.
La figura del periodista y dirigente José Beato, aspirante a la presidencia del CDP, se ha convertido en el centro de esta disputa. Y, aunque su caso es el detonante visible, el problema de fondo trasciende nombres propios, porque lo que está en juego es el respeto al marco legal y reglamentario que rige la vida del gremio.
La Ley 10-91, que dio origen al CDP, no deja espacio para interpretaciones caprichosas, pues es el Comité Ejecutivo Nacional quien aprueba la membresía y decide quién figura en el padrón electoral. La Comisión Nacional Electoral, en cambio, tiene un mandato específico, que es el de organizar el proceso, verificar requisitos preestablecidos y garantizar que la voluntad de la mayoría se exprese libremente en las urnas.
El Reglamento Electoral —vigente desde 1999— reafirma esos límites. Los artículos 26, 28 y 29 fijan las condiciones para integrar una plancha: ser miembro activo por al menos dos años, estar al día en las cuotas, gozar de plenos derechos y no estar sometido a sanciones éticas. A la Comisión se le concede una facultad puntual; anular una plancha si uno de sus integrantes incumple estos requisitos, punto.
No hay rastro en la ley, el reglamento ni el código de ética de una potestad para exigir certificaciones académicas adicionales, reinterpretar la condición de miembro activo o, peor aún, contradecir un padrón aprobado por el Comité Ejecutivo.
José Beato no es un recién llegado al Colegio Dominicano de Periodistas, su nombre figura en el padrón oficial, ha participado en procesos electorales previos y, según las actas y registros del propio CDP, cumple con todos los requisitos normativos. Si en 2023 votó junto a otros miembros —incluidos actuales integrantes de la Comisión Electoral—, resulta contradictorio que hoy se cuestione su derecho a postularse.
Si la CNE decide excluirlo con argumentos ajenos a la norma, no solo estaría vulnerando un derecho adquirido, sino sentando un precedente peligroso, el de convertir el órgano electoral en un instrumento para filtrar candidaturas por criterios políticos o personales.
La historia de los gremios profesionales en República Dominicana está plagada de ejemplos donde órganos electorales han cruzado la línea de sus atribuciones, con consecuencias previsibles; procesos impugnados, fracturas internas y pérdida de credibilidad.
En el caso del CDP, el costo de una decisión así sería doble, porque, por un lado, viviremos el daño a la institucionalidad interna; mientras, por otro, el golpe a la imagen pública de un gremio que tiene la misión de defender la democracia, la libertad de expresión y los derechos fundamentales.
Cuando un organismo electoral actúa fuera de la ley, deja de ser garante del proceso y se convierte en juez y parte. Esa metamorfosis, aunque a veces disimulada, termina erosionando la confianza y alimentando la sospecha de que las reglas se mueven al ritmo de intereses particulares de grupo.
Los actuales miembros de la Comisión Nacional Electoral —Quiterio Cedeño, Nurys Paulino, Raúl Hernández, Elsa Bello y Fidias David García Cuevas— tienen ante sí una decisión que definirá no solo el curso de estas elecciones, sino el legado que dejarán como árbitros.
La prudencia no significa ceder a presiones; significa ceñirse a lo que dicen la Ley 10-91 y el Reglamento Electoral. Significa respetar las resoluciones del Comité Ejecutivo Nacional y garantizar que cualquier miembro activo y al día en sus cuotas pueda aspirar sin temor a ser excluido por criterios inventados sobre la marcha.
La democracia no es perfecta, pero es el mejor sistema que tenemos para dirimir diferencias. En el caso del CDP, debe ser la mayoría de los votantes, y no un filtro administrativo extralegal, que por demás, sería totalmente ilegal, la que decida quién dirige el gremio.
Si hay candidatos que generan rechazo, que sean sus miembros los que lo expresen en las urnas. Si hay aspirantes que despiertan debate, que la votación sea la que incline la balanza. Lo contrario sería apostar a la exclusión como estrategia, y eso es incompatible con la esencia misma del ejercicio democrático por el que tanto se ha luchado desde el Colegio Dominicano de Periodistas.
La Comisión Nacional Electoral tiene la oportunidad —y la obligación— de enviar una señal inequívoca de que el CDP predica con el ejemplo. Esa señal se traduce en un proceso limpio, sin exclusiones arbitrarias, sin reinterpretaciones oportunistas del reglamento y con total respeto a los derechos adquiridos de quienes cumplen la norma.
No se trata de defender a una persona, sino de blindar un principio que es el derecho de elegir y ser elegido, consagrado no solo en la normativa gremial, sino en la Constitución de la República Dominicana.
Porque, como advirtió Quevedo, “donde hay poca justicia es un peligro tener la razón”. Y la justicia, en este caso, se llama respeto a la ley.
*Residente en María Trinidad Sánchez, comunicador y productor del programa En La Línea de Fuego.
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