DEA investiga asesor del Poder Ejecutivo por narcotráfico
SANTO DOMINGO, RD.- La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) y la Fiscalía del Distrito Sur de Florida investigan por narcotráfico a Fabio Augusto Jorge-Puras, asesor del Poder Ejecutivo.
Junto a Jorge Puras, quien además es ejecutivo del área financiera del equipo de béisbol de las Águilas Cibaeñas, está acusado Gaspar Antonio Polanco-Virella (El Grande), por supuestamente conspirar para traficar e importar cocaína hacia los Estados Unidos desde la República Dominicana, Colombia y otros países.
De acuerdo a la acusación número 25-CR-20430-MOORE/D’ANGELO, presentada el 30 de septiembre de 2025, los imputados habrían participado desde 2019 hasta diciembre de 2020 en una red internacional dedicada a la distribución y exportación de cocaína.
La Fiscalía los acusa de conspirar para distribuir y exportar una sustancia controlada de la Lista II (cocaína), con conocimiento y causa razonable para creer que sería introducida ilegalmente en territorio estadounidense.
La acusación forma parte de una serie de procesos del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra redes internacionales de narcotráfico con vínculos en el Caribe y América del Sur. En este caso, la cooperación judicial podría incluir solicitudes de extradición desde la República Dominicana.
Luego que algunos medios de comunicación dieran a conocer el caso, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) conformó el hecho.
La agencia antidrogas dijo que por instrucciones del presidente Luis Abinader, colabora con la DEA desde hace varios meses con la investigación en la que se vincula a Jorge-Puras.
El titular de la DNCD, vicealmirante José M. Cabrera Ulloa informó que el ex asesor honorífico para las Zonas Francas es investigado por la DEA en relación a tráfico de sustancias ilícitas y hay una orden de arresto en su contra.
Según dichas investigaciones las operaciones ilícitas se realizaron desde el año 2003 y 2019
El empresario Jorge-Puras fue desvinculado de su posición mediante el decreto 273-25, de fecha 23 de mayo, luego que las autoridades estadounidenses comunicaron de la investigación a la DNCD, bajo la firme decisión del Gobierno de que hay consecuencias para los que se apartan de los cánones legales.
Las indagatorias se realizaban de manera confidencial para no entorpecer el proceso de investigación del Distrito Sur de Miami.
Dijo que la derogación del artículo 7 del decreto 241-21 es una muestra más del presidente Abinader de que en su gobierno no hay impunidad.
De acuerdo a la acusación número 25-CR-20430-MOORE/D’ANGELO, presentada el 30 de septiembre de 2025, los imputados habrían participado desde 2019 hasta diciembre de 2020 en una red internacional dedicada a la distribución y exportación de cocaína.
La Fiscalía los acusa de conspirar para distribuir y exportar una sustancia controlada de la Lista II (cocaína), con conocimiento y causa razonable para creer que sería introducida ilegalmente en territorio estadounidense.
La investigación señala que ambos hombres coordinaban operaciones entre Colombia, República Dominicana y Florida, y que el volumen atribuido a la conspiración supera los cinco (5) kilogramos de cocaína, cantidad que agrava las penas bajo la legislación federal estadounidense.
El expediente detalla dos cargos principales: Conspiración para distribuir cocaína con conocimiento de que sería importada ilegalmente a Estados Unidos — en violación del Título 21, Código de los Estados Unidos, Sección 963. Conspiración para importar cocaína hacia Estados Unidos — también bajo el Título 21, Sección 963.
De acuerdo con la hoja de penalidades presentada por la fiscalía, ambos enfrentan: Pena máxima: cadena perpetua. Pena mínima obligatoria (si aplica): 10 años de prisión. Supervisión posterior a la condena: entre 5 años y cadena perpetua. Multa máxima: US$10,000,000 por cada cargo.
La acusación fue firmada por Jason A. Reding Quiñones, fiscal federal, y Lynn M. Kirkpatrick, fiscal asistente del Distrito Sur de Florida.
El documento certifica que los acusados necesitarán intérprete en idioma español durante el juicio, y que el caso podría extenderse por un período estimado de cinco días de juicio.
Asimismo, el gobierno estadounidense solicitó la confiscación de bienes y propiedades de ambos acusados, conforme a los artículos 853 y 970 del Título 21 del Código Federal, al considerar que dichos activos fueron adquiridos o utilizados para facilitar los delitos imputados.
La acusación forma parte de una serie de procesos del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra redes internacionales de narcotráfico con vínculos en el Caribe y América del Sur.
En este caso, la cooperación judicial podría incluir solicitudes de extradición desde la República Dominicana.
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