La Cámara de Diputados de la República Dominicana se encamina a aprobar una contrarreforma al Proceso Penal que, lejos de fortalecer la lucha contra la corrupción, “destruye garantías básicas del debido proceso y entrega al Estado un poder de persecución penal sin límites”, advirtió el experto en temas jurídicos, abogado y docente doctor Cándido Simón.
Simón alertó que los cambios impulsados por los legisladores responden a “el despropósito propio de los gobiernos autoritarios”, que han convertido el discurso anticorrupción en una herramienta política dentro del ámbito judicial. Según explicó, el riesgo es que se desmonten derechos esenciales sin que quienes hoy detentan el poder adviertan que “eso que hacen hoy desde el poder mañana podría venir contra ellos mismos”.
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Entre las modificaciones que rechaza, el jurista señaló que los diputados buscan establecer procesos judiciales interminables, ampliar los plazos de prisión preventiva, permitir registros e interceptaciones telefónicas con menos controles judiciales y convertir infracciones de acción privada en delitos de acción pública. Asimismo, acusó a los legisladores de intentar recortar el derecho del imputado a ser informado y manipular los plazos de prescripción penal según sus conveniencias.
La fuerte advertencia del abogado y docente doctor Cándido Simón sobre una contrarreforma al Código Procesal Penal que está siendo impulsada por la Cámara de Diputados de la República Dominicana. Simón argumenta que, lejos de combatir la corrupción, esta legislación busca destruir las garantías básicas del debido proceso para entregar al Estado un poder de persecución penal sin límites. Entre las modificaciones más criticadas se encuentra la intención de establecer procesos judiciales interminables, la ampliación de los plazos de prisión preventiva y la permisión de interceptaciones telefónicas con menos controles judiciales. El jurista además acusa a los diputados de ignorar las recomendaciones de especialistas y manipular los plazos de prescripción penal según intereses políticos. En general, Simón sostiene que la reforma es propia de gobiernos autoritarios y legitima el exceso de los órganos de investigación en lugar de asegurar la justicia.
El abogado sostuvo que estas iniciativas cuentan con el apoyo del Ministerio Público y siguen la línea marcada por el Senado, al que describió como un órgano que ha asumido una postura “pasiva” ante estos retrocesos institucionales. “Lo que pretenden aprobar en el Proyecto de Código Procesal Penal no combate la corrupción, sino que legitima el exceso de los órganos de investigación y persecución penal”, afirmó.
De acuerdo con Simón, el Congreso ha ignorado sistemáticamente las recomendaciones de diversos especialistas consultados durante el proceso. “Los legisladores no escuchan a nadie; aprueban leyes mientras tanto, porque el tiempo apremia, la Constitución no importa y el Tribunal Constitucional menos”, aseguró.
Las declaraciones del doctor Cándido Simón se basan en información suministrada por el propio jurista, con créditos al abogado Henry Morales Sánchez.
