Por Emilia Santos Frias
Existe consenso en que el embarazo adolescente, fruto de vivir en pobreza, también la perpetua. Lastra la vida de las jovencitas. Como es bien sabido, en la República Dominicana toda menor de edad que resulta embarazada, sin duda alguna, en la generalidad es fruto de una agresión, abuso, violación…, de una persona adulta.
Lastimosamente, esa menor de edad que sobrevive en un ambiente de pobreza, será más expuesta a otros tipos de violencia, entre ellas, de género, falta de comunicación familiar y otros abusos. En su andar solo pulularán las necesidades.
Esto así por lo ya altamente conocido: la pobreza aumenta el riesgo de embarazo adolescente, debido a falta de políticas públicas, oportunidades, educación…, y este perpetúa el ciclo de pobreza al limitar el disfrute y acceso derechos fundamentales, como el desarrollo económico de la joven.
Ese es el círculo de vulnerabilidad que vivirá, con variadas consecuencias para el Estado, altos costos sociales, problemáticas de salud, “que requieren políticas públicas integrales de educación sexual, salud y apoyo socioeconómico para romperlo”.
Nuestro Estado en 2021, mediante la Ley 1-21, eliminó el matrimonio infantil, al declarar de alto interés nacional la articulación de una política de lucha para erradicar la violencia hacia las mujeres, las adolescentes y las niñas.
Sin embargo, los embarazos en adolescente continúan siendo un desafío. Solo en el año 2025 se registró 4,286 en el primer trimestre y 11,961 al tercer trimestre en jóvenes entre 15-19 años, siendo la provincia Santo Domingo la que más casos presenta, de acuerdo a la Oficina Nacional de Estadística (ONE). ¿Cuáles son las consecuencias actuales para los agresores sexuales de menores de edad?
La prevención también implica sanción como forma de acabar estos abusos, cometidos, se insiste, en la generalidad, por personas en edad adulta. La enorme paradoja es que la República Dominicana promociona ser una de las economías más dinámicas de América Latina, gracias a factores como el turismo, las telecomunicaciones, manufactura o zonas francas y la agricultura.
Con un crecimiento del PIB superior al promedio regional en la última década. Pero, ¿podría el embarazo adolescente considerarse un desafío estructural para mantener el bienestar generalizado de su población?
En ese orden, informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Banco Mundial…, entre otros, afirman que un país con un alto índice de embarazos adolescentes difícilmente puede tener una economía alta.
Porque, “este fenómeno genera altos costos socioeconómicos, interrumpe la educación y la participación laboral de las jóvenes, perpetúa la pobreza y afecta negativamente la salud pública y el desarrollo general, implicando pérdidas millonarias y un freno al crecimiento sostenible”. Tal como se precisó precedentemente.
Buenas normas existen, pero faltan políticas públicas. El Código para el Sistema de Protección y Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes o Código del Menor, Ley 136-03, en su artículo 12, consagra la protección de las menores de edad, realza el derecho a su integridad personal, y prioriza políticas públicas y servicios, reconociendo su vulnerabilidad.
De igual modo, la necesidad de protección especial por parte del Estado, familia y la sociedad, debido a su interés superior. En ese aspecto, la organización humanitaria Plan Internacional, manifiesta que las uniones tempranas y forzadas, constituyen una deuda invisible en América Latina y el Caribe.
Que estas, continúan limitando el desarrollo y la autonomía de las menores de edad, a pesar de la buena norma, como avances legales alcanzados en la región. Aún, carente de educación sexual y reproductiva. “Una práctica que sigue arrebatando a millones de menores de edad en la región sueños y oportunidades”.
En esa línea, las consecuencias socioeconómicas son de alto costo para el Estado, tanto en atención en salud, como en pérdida de oportunidades. Por eso, no hay excusa para frenar la maternidad en menores de edad. “El embarazo adolescente es una fábrica de pobres”. Como lo denominó Federico Tobar, asesor regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
No sentimos orgullo ni nos hizo experimentar felicidad la noticia: Adolescente de 16 años da a luz al primer bebé del 2026…, la madre es residente del sector La Zurza…, ¡hagamos inferencia!. Reitero mis recomendaciones de hace cinco años, porque el mal persiste, si queremos alcanzar desarrollo social, debemos frenar esta problemática. Para hacerlo es necesario el concurso de todas y todos si deseamos lograr un verdadero cambio de comportamiento.
Es necesario accionar protección, educación y prevención desde el hogar y otros espacios simbólicos de la sociedad. Los excesos, incultura, violencia y antivalores deben dejar de primar en nuestra sociedad. Además de la pobreza colectiva, los embarazos adolescentes, coartan la vida de nuestras jóvenes, traen riesgos, complicaciones, daños a la salud física y social. Incluyen otras consecuencias funestas, como la muerte. Como nos exhorta el papa León XIV, ¡No seamos indiferentes ante el dolor!, es tiempo de vivir en plenitud.
Hasta pronto.
La autora reside en Santo Domingo
Es educadora, periodista, abogada y locutora.
santosemili@gmail.com
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