Samaná. Un grupo de sucesores y herederos de unos terrenos ubicados en la comunidad de El Limón, en la provincia de Samaná, solicitaron la intervención de las autoridades para poder ejecutar una puesta en posesión, ordenada por el Abogado del Estado y amparada en una sentencia definitiva de la Suprema Corte de Justicia.
En un comunicado de prensa, los representantes legales de los sucesores y herederos de la Parcela 5-B, de la citada comunidad, que heredó la señora Ramona Calcaño, rechazaron que pretendan desalojar a las personas, dominicanos y extranjeros, que ocupan de forma ilegal una porción de esos terrenos.
El abogado Fabián Mercedes explicó que cuentan con el aval legal, que incluye una sentencia definitiva de la Suprema Corte de Justicia, sentencia que debe ser ejecutada pero que prefieren el diálogo en vez de la confrontación, argumentando que el presidente de la República, Luis Abinader Corona, es un abanderado del desarrollo turístico, promocionando al país en foros internacionales y dejando iniciados importantes proyectos en diversas regionales.
¨El Artículo 51 de la Constitución de la República establece que el Estado reconoce y garantiza el derecho de propiedad. La propiedad tiene una función social que implica obligaciones y toda persona tiene derecho al goce, disfrute y disposición de sus bienes¨, puntualizó el jurista quien ha manejado importantes casos judiciales de impacto nacional e internacional.
El jurista presentó una certificación de la Suprema Corte de Justicia, emitida el pasado 16 de septiembre de 2022 por el Secretario General de ese organismo, César José García Lucas; donde deja bien claro que no existe ningún Recurso de Casación contra la Sentencia 2022006955.
De su lado, el abogado Francisco Rodríguez manifestó que los sucesores y herederos de la señora Ramona Calcaño cuentan con ¨todo lo de la ley¨ para intervenir los terrenos pero prefieren un diálogo, donde están dispuestos a reconocer el derecho de propiedad a los ocupantes que presenten alguna documentación de compra de esos predios.
¨Tenemos todo el aval legal para proceder con la posesión de los terrenos. En ningún momento nuestra intención es desalojar a los ocupantes de una porción de los terrenos. Ahora bien, queremos deslindar la parte de la parcela que no está ocupada.¨, explicó el jurista.
Relacionado
