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Santo Domingo, RD. El movimiento cívico Participación Ciudadana, realizó la mesa de diálogo “Socialización de la reforma del Anteproyecto de la Ley 137-03 sobre tráfico ilícito de migrantes y trata de personas”, espacio en el cual los legisladores de diferentes bancadas se comprometieron a aunar esfuerzos, a fin de impulsar dicho anteproyecto.
La coordinadora general de Participación Ciudadana, Leidy Blanco García, aseguró que el tráfico ilícito de migrantes y trata de personas es un tema muy sensible, pues desnuda una dura realidad, de una problemática que está íntimamente ligada a la pobreza, a la mercantilización del ser humano, a la discriminación, desigualdad, marginación, la violencia y corrupción.
Blanco García, destacó que no podemos hablar de un estado social, democrático y de derechos, si el estado que está llamado a garantizar derechos, no ejerce esa obligación, por lo que realizó un llamado a la clase política al combate y la prevención del tráfico ilícito de migrantes y trata de personas.
En este sentido, la diputada por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Magda Rodríguez, señaló que se ha normalizado el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas en nuestras familias y entornos, en donde es fundamental llevar este tema a la socialización y al conocimiento de la ciudadanía en general.
“Reiteramos nuestro apoyo y compromiso de seguir trabajando desde nuestras comisiones para contar con una ley eficaz que garantice los derechos de las víctimas sometidas a tráfico ilícito de migrantes y trata”, precisó.
Esta actividad contó, además con la participación de la Magistrada Belkis Ulloa, procuradora fiscal de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes; Sonia Hernández de Misión Internacional de Justicia (IJM); y Tahira Vargas, antropóloga e investigadora.
La Magistrada Belkis Ulloa sostuvo que la trata de personas, aunque es un delito grave, desde su incorporación al sistema penal dominicano, ha sido un delito invisibilizado e incluso normalizado y poco comprendido.
“Desde el año 2003 que surge la Ley 137-03, hasta el año 2012, apenas cuatro sentencias fueron emitidas alusivas a la trata de personas”, puntualizó Belkis Ulloa.
Sonia Hernández, representante de Misión Internacional de Justicia (IJM), subrayó que el diseño de una nueva ley de trata de personas busca la no penalización a la víctima, dispone responsabilidad al cliente de servicios sexuales con fines de trata de personas, la definición de protocolos especiales para el abordaje de los casos de trata de personas, y otros principios que son fundamentales para la protección de las personas víctimas de trata.
Este encuentro se llevó a cabo en el marco del proyecto Acción de la Sociedad Civil por la Seguridad y la Justicia (PASJ), el cual desarrolla Participación Ciudadana.