MP tiene prueba para que se imponga medida contra red piratería, desmantelada en Operación Domo
SANTO DOMINGO, RD.- El Ministerio Público cuenta con los elementos de prueba suficientes para que se imponga la medida de coerción solicitada contra los integrantes de la red de piratería digital desmantelada mediante la Operación Domo.
La fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, detalló que este caso envuelve más de 20 millones de dólares, incluyendo transacciones en bitcoin, y que el órgano acusador solicitó 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de complejidad del proceso contra Leonardo Alberto Casci Ocumárez, Raúl Ernesto Guzmán Lora, Keomirys Torres López, Víctor Luis Torres López, Raúl Ernesto Guzmán Croes y Leony Esmeralda Croes.
Ramos acompaña al equipo de fiscales encabezado por los procuradores de cortes Jonathan Baró Gutiérrez y José Agustín de la Cruz Santiago, de la Unidad de Propiedad Intelectual (UPI) y la Procuraduría Especializada Contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec).
La fiscal destacó la magnitud del caso en la lucha que mantiene el Ministerio Público contra el lavado de activos y los delitos de alta tecnología. Asimismo, explicó que la entrega voluntaria de Raúl Ernesto Guzmán Croes y Leony Esmeralda Croes respondió al llamado realizado por las autoridades el pasado viernes 19 de septiembre, dada la búsqueda activa que se realizaba.
La audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción fue aplazada por el juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, para el domingo 28 de septiembre a las 9:00 de la mañana, a solicitud de las nuevas defensas que se sumaron al proceso.
De acuerdo con las investigaciones, los imputados operaban servicios de distribución y streaming ilegales, ofreciendo accesos no autorizados a películas, series y programas de televisión protegidos por derechos de autor.
Estas acciones constituyen violaciones a la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, en perjuicio de compañías internacionales y del Estado dominicano.
La Operación Domo fue coordinada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, con la participación de la UPI, la Pedatec, la Procuraduría Especializada contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, la Fiscalía del Distrito Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC).
Asimismo, colaboraron el Dicat y el Deidet de la Policía Nacional, con el apoyo internacional del Departamento de Justicia y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de los Estados Unidos
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