Afirma pieza vulnera derechos de mujeres y niños
SANTO DOMINGO, R.D.
El movimiento cívico Participación Ciudadana (PC), responsabilizó al liderazgo del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de la aprobación de un Código Penal que protege la corrupción, estableciendo límites a su enjuiciamiento, vulnera derechos fundamentales de mujeres, niños y minorías, bajo el falso argumento de querer modernizar un instrumento legal, como el que actualmente nos rige, sin importar el precio que haya que pagar.
La organización cívica indica que la dirección del partido de gobierno no se puede escudar en el carácter corporativo del Congreso para disminuir su responsabilidad en una legislación, que de aprobarse, llevaría el país a la norma de estados teocráticos que hoy en día son parias internacionales.
Por esta razón, PC hizo un llamado al presidente de la República, Luis Abinader, a que cumpla con su palabra y ejerza su liderazgo en la bancada de su partido.
El proyecto de Código Penal aprobado en el Senado y aprobado ahora en primera lectura en la Cámara de Diputados, establece una prescripción de 20 años a los delitos de corrupción violando la norma constitucional y la jurisprudencia prevaleciente.
“La corrupción se ha convertido en un problema mayor en nuestro país, llevándose importantes recursos públicos que impiden atender adecuadamente la salud del pueblo dominicano, por lo que debería colocarse al lado de los crímenes de lesa humanidad y hacerse imprescriptible, lo que es permitido por el artículo 146 constitucional”, expresa el documento de PC.
“Los diputados acaban de aprobar un proyecto que en realidad esconde en su articulado disposiciones excluyentes, discriminatorias y obsoletas que en nada representa un estado social, democrático y de derecho”, subraya.
Para PC, resulta absurdo que se argumente la necesidad de modernizar la norma penal, y al mismo tiempo, se penaliza el aborto sin tomar en cuenta las tres excepciones que han sido acogidas en la mayor parte de los países del mundo, especialmente, “cuando la vida de la madre esté en peligro, cuando el embarazo haya sido el resultado de violación o incesto o cuando el embrión viene con malformación incompatible con la vida científicamente comprobada”.
Asegura que el Estado está en la obligatoriedad de proteger la dignidad, integridad, libertad, seguridad personal, libre desarrollo de la personalidad a la mujer, y corresponde al Congreso Nacional sentar las bases para alcanzar tales fines.
“Hay que reconocer que se trata de un tema que afecta la salud y la vida sobre todo de las mujeres más desfavorecidas que están en una condición de total indefensión”, señala PC.
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