Fueron puestos en libertad los nueve parceleros de la Reforma Agraria que habían sido detenidos de manera arbitraria por agentes policiales del destacamento de Sabana Grande de Boyá, en medio de un conflicto con poderosos terratenientes de la zona que presuntamente buscan despojar a los agricultores de sus predios.
A pesar de que se trata de un asentamiento de la Reforma Agraria establecido por el Instituto Agrario Dominicano (IAD) en beneficio de la histórica Asociación de Parceleros Carmen Celia Viuda Balaguer, los campesinos fueron expulsados de sus terrenos y actualmente ni siquiera pueden acercarse a las parcelas que les fueron asignadas.
Según denunciaron, los agricultores se encontraban en una vía pública recibiendo informaciones relacionadas con el proceso legal que enfrentan cuando fueron detenidos por agentes policiales de la zona, quienes, alegan, estarían actuando en favor de intereses vinculados a terratenientes que intentan apropiarse de los terrenos de manera irregular.
Este lunes, los parceleros fueron trasladados en camiones a Monte Plata, donde fueron interrogados por representantes del Ministerio Público. Tras evaluar el caso y no encontrar méritos para mantenerlos privados de libertad, las autoridades dispusieron su liberación inmediata.
Previamente, agentes de la Policía Nacional habrían intentado vincular a los parceleros con un supuesto caso de invasión a una finca sembrada de chinolas. Sin embargo, durante las investigaciones no se encontraron evidencias que sustentaran dicha acusación, por lo que el señalamiento quedó sin efecto.
Los agricultores explicaron que fueron arrestados cuando salían de una reunión con abogados y directivos de la Asociación de Parceleros Carmen Celia Viuda Balaguer. Posteriormente, según relataron, fueron trasladados en un camión hasta una finca de chinolas, donde les tomaron numerosas fotografías.
Tras recuperar su libertad, los parceleros se reunieron con sus familiares, quienes permanecieron preocupados durante varios días por la situación que enfrentaban.
El caso ha generado preocupación entre organizaciones campesinas y defensores de los derechos de los agricultores, quienes reclaman garantías para los beneficiarios de la Reforma Agraria y el respeto al debido proceso.
