La indignación ciudadana por las acusaciones de corrupción administrativa en el Seguro Nacional de Salud (SENASA) ha trascendido los muros de los tribunales y llegó este febrero hasta las calles de Boca Chica, donde moradores salieron masivamente a protestar con consignas, velas y velones exigiendo que la justicia actúe con firmeza ante lo que consideran uno de los casos más graves de malversación en una institución pública dominicana.
Las manifestaciones se han vuelto un símbolo de rechazo a la corrupción y preocupación por el futuro de los recursos destinados a la salud de millones de dominicanos. Según múltiples reportes, estos actos de protesta se han replicado en diferentes localidades, incluyendo frente al Palacio de Justicia en Santo Domingo, donde decenas de ciudadanos exigieron sanciones estrictas y transparencia en el proceso judicial. (Dominican Today)
El escándalo, conocido mediáticamente como Caso SENASA 2025, fue revelado tras investigaciones internas y auditorías que detectaron un presunto esquema de desfalco, desviación de fondos públicos, contratos irregulares y lavado de activos dentro de la entidad encargada de administrar el principal seguro de salud estatal del país. (Wikipedia)
La alarma social generada por el caso ha llevado a organizaciones de la sociedad civil, líderes comunitarios y partidos políticos a alzar la voz, denunciando lo que catalogan como un ataque directo al derecho a la salud de los dominicanos y una traición a la confianza pública en las instituciones. (Dominican Today)
Origen del escándalo y Operación Cobra
Las autoridades dominicanas describen el caso como parte de la denominada “Operación Cobra”, una investigación penal que ha destapado una red presunta de corrupción vinculada a altos funcionarios de SENASA. Esta operación se ejecutó después de que auditorías internas ordenadas por el presidente Luis Abinader pusieran en evidencia fuertes indicios de irregularidades. (Dominican Today)
El principal implicado es el exdirector ejecutivo de SENASA, Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, junto con otros exfuncionarios y colaboradores, quienes han sido sometidos a la justicia por cargos que incluyen desfalco, sobornos, falsificación de documentos y lavado de activos. (Diario Libre)
Impacto financiero y alcance del presunto desfalco
Según declaraciones del Ministerio Público y reportes de medios, el monto presuntamente desviado de la institución supera los RD$15 mil millones, cifras que han encendido alarmas por el impacto que puede tener en la sostenibilidad del sistema de salud dominicano y en los servicios que reciben más de 7.4 millones de afiliados. (Dominican Today)
Además del presunto desfalco, investigaciones periodísticas previas habían revelado prácticas fraudulentas como autorizaciones médicas falsas, pagos irregulares a proveedores y estructuras internas paralelas que permitieron la emisión de miles de servicios jamás prestados a pacientes reales. (Diario Libre)
Reacción oficial y medidas legales
El Gobierno dominicano ha reaccionado con medidas contundentes, con el presidente Abinader ordenando que SENASA se constituya como actor civil para recuperar “hasta el último peso robado” en el caso. Este paso legal intensifica la presión sobre los imputados para que enfrenten tanto responsabilidades penales como civiles por el daño causado al patrimonio público. (Dominican Today)
Asimismo, la Procuraduría General de la República (PGR) ha promovido la Operación Cobra con acciones coordinadas por fiscales especializados en corrupción administrativa, entre ellos Wilson Camacho y Mirna Ortiz, con allanamientos y detenciones que buscan desmantelar la estructura presuntamente involucrada. (Diario Libre)
El sistema judicial también ha fijado plazos complejos para la investigación, obligando al Ministerio Público a presentar conclusiones en un lapso de ocho meses, mientras que algunas medidas de coerción —como prisión preventiva y arresto domiciliario para los imputados— ya han sido dictadas. (prensa-latina.cu)
Clamor social: protestas y exigencia de justicia
Las protestas en Boca Chica no son un hecho aislado. Ciudadanos, organizaciones y líderes políticos han expresado su frustración por lo que consideran lenta administración de justicia y falta de consecuencias claras para quienes atentan contra los recursos públicos. (Dominican Today)
La indignación no solo se ha manifestado con consignas, sino con llamados a una “sanción social” contra los implicados, como lo planteó la vicepresidenta Raquel Peña, instando a la población a rechazar públicamente la corrupción y no normalizar estos actos perjudiciales para el país. (De Último Minuto)
Además, figuras como el doctor Ricardo Nieves han destacado la importancia de la unidad social y la vigilancia continua para que el proceso judicial no quede en simples gestos, sino que derive en justicia real y pérdida de privilegios para los responsables. (De Último Minuto)
Reacciones políticas y críticas al proceso
El caso también ha generado debates políticos. Algunos partidos han criticado la lentitud con la que se ha presentado la acusación formal, demandando transparencia y celeridad en las acciones del Ministerio Público, mientras que otros sectores han señalado la necesidad de reformas estructurales profundas para evitar futuros casos de corrupción en el sistema de salud. (El Nacional)
Balance del impacto y lo que sigue
A pesar de la gravedad de las acusaciones, SENASA asegura que la prestación de servicios para sus afiliados continúa con normalidad, sustentando que su red de profesionales, clínicas y centros de atención sigue operativa en todo el territorio nacional. (Diario Libre)
Sin embargo, el caso ha puesto de manifiesto debilidades en la gobernanza del sistema de seguridad social estatal y ha intensificado los llamados a una revisión profunda de los mecanismos de control interno y supervisión para prevenir que hechos similares vuelvan a ocurrir. (Diario Libre)
