Por Leonardo Cabrera Diaz
Cuando a una persona se le designa, ya sea por decreto, resolución u orden administrativa o se le elige mediante el voto popular para un cargo público, tal disposición tiene un objetivo claro: que ejerza o desempeñe una función específica.
Ser funcionario no es poseer un título de distinción, sino asumir un compromiso de cumplimiento al pie de la letra.
El objetivo de todo aquel que ‘funciona’ en el Estado debe ser siempre el bienestar de la colectividad o la eficiencia de la institución que representa.
En esencia, el funcionario se debe a su función, y su función se debe al ciudadano.
Ya sea designado o electo por el pueblo, el funcionario tiene la responsabilidad de servir con diligencia y transparencia.
Sin embargo, el propósito de esta distinción se desvirtúa cuando el designado o electo confunde autoridad con superioridad.
Es ahí donde aparecen la petulancia y la altanería, actitudes que manchan la esencia del servicio público.
Es lamentable observar cómo algunos, envueltos en una falsa importancia, actúan con dejadez y asombro.
Lo que debería ser un trámite sencillo o una solución rápida, se convierte en un problema mayor debido a su arrogancia.
Olvidan que el funcionario está para que las cosas ‘funcionen’, no para ser un obstáculo.
Al final, quien se pone altanero ante el ciudadano solo demuestra que el cargo le ha quedado grande.
Desgraciadamente esa es la generalidad, son pocas las excepciones.
Tanto es así, que hasta sorprende ver a un funcionario que funciona.
Con Dios siempre, a sus pies.
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