CARD advierte sobre graves consecuencias para la seguridad jurídica de la República Dominicana
Santo Domingo. – Representantes del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), acudieron este jueves al Congreso Nacional para rechazar la baja asignación al poder judicial en el Proyecto de presupuesto de ingresos y ley de gastos públicos para el 2022, que asciende a un billón 46 mil millones de pesos.
Miguel Surun Hernández, presidente del gremio, reclamó del Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional que se otorgue a ese sector el 4.10 por ciento que establece la ley.
Surun Hernández condenó que el Proyecto de Ley de Ingresos y Gastos Públicos no contemple ni respete las partidas presupuestarias del sector Justicia, equivalente al 4.10 por ciento del Presupuesto de la Nación y advirtió que eso traerá graves consecuencias para la salud institucional y la seguridad jurídica de Republica Dominicana.
El jurista manifestó que la Ley 194-04, que establece la Independencia y Autonomía Presupuestaria de la justicia, es clara y que no aceptarán que se vulnere, porque significaría mantener al Poder Judicial y al Ministerio Público en virtual esclavitud financiera, operando en condiciones precarias y en perjuicio de la ciudadanía.
El representante de los togados manifestó que con los bajos recursos asignados en el proyecto aprobado por el Consejo de Ministros, el sector judicial no podrá salir de la difícil situación que atraviesa ni podrá cubrir las necesidades acumuladas por más de diez años de privaciones en ese poder del Estado.
“Con el porcentaje que se asigna en la pieza legislativa al sistema judicial no podrán ser mejorados los salarios de los jueces, fiscales, funcionarios judiciales y abogados, no se podrán instalar los 94 tribunales aprobados por ley, que no han podido ser puesto en funcionamiento por falta de recursos y continuarán los problemas por falta de incentivos, insumos, equipos, personal y de infraestructura física adecuada”, dijo el presidente del gremio que agrupa a los abogados.
Agregó que con esos fondos tampoco podrán ser mejoradas las condiciones laborales de los profesionales del derecho; asimismo limitará la mejora del servicio que está recibiendo la ciudadanía en este momento.
Miguel Surun Hernández advirtió que para mantener una justicia independiente, lograr una lucha eficiente contra la corrupción y manejar temas delicados se necesita un personal de investigación y judicial especializado, bien pagado e incentivado, lo que no se ha podido lograr por falta de recursos económicos.
El presidente del CARD consideró que las buenas intenciones de independencia de la justicia deben comenzar con el cumplimiento de la ley que garantiza la independencia financiera del Poder Judicial y del Ministerio Público, por lo que advirtió que si en un plazo de 15 días no se obtempera a asignar esas partidas en el presupuesto del venidero año, procederá al sometimiento del Director de Presupuesto.
A su juicio, desde el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional se debe tener una visión clara del rumbo que lleva la justicia dominicana si continúa operando con tan bajos recursos.
Ley 194-04 de Autonomía Presupuestaria
El artículo 3 de la Ley 194-04 de Autonomía Presupuestaria establece que el Presupuesto del Poder Judicial (Suprema Corte de Justicia) y del Ministerio Publico (Procuraduría General de la República), será por lo menos unos cuatro puntos diez por ciento (4.10%).
Esto de los ingresos internos, incluyendo los ingresos adicionales y los recargos establecidos en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos y se distribuyen de la manera siguiente:
•Un sesenta y cinco por ciento (65%) del cuatro punto diez (4.10%) corresponderá a la Suprema Corte de Justicia.
•Un treinta y cinco por ciento (35%) del cuatro punto diez por ciento (4.10%), a la Procuraduría General de la República.
