Santo Domingo, RD.-.El abogado que representa a los familiares del asesinado ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, advirtió que el asesino confeso Miguel Cruz de la Mota iniciará su fábula como todos los imputados para justificar una conducta reprochable en todos los sentidos.
El doctor Miguel Valerio, quien se constituyó en actor civil en contra de Cruz de la Mota, dijo esperar que los medios tengan mucha precaución con la fábula que se pueda producir en torno al asesinado del ministro de Medio Ambiente.
Asimismo, el jurista rehusó opinar sobre la propuesta del imputado que requirió a la Fiscalía del Distrito Nacional que se le permita una entrevista con diferentes medios de comunicación para dar su versión de los hechos.
Valerio dijo que sobre este tema no tiene ninguna opinión, ya que el punto a discutir es el asesinato del funcionario y que en todos los procesos los imputados tienen derecho a expresar sus opiniones.
“Técnicamente hablando no procede porque la propuesta de diligencia de investigación es para declarar ante jueces y fiscales, no ante la prensa pues la investigación es secreta”, enfatizó el jurista.
Valerio afirmó que el pasado sábado, el día en que se conoció la medida de coerción y se dispuso el envío de Cruz de la Mota a la cárcel de Najayo, este tuvo una oportunidad ante el juez para dar a conocer su versión de los hechos y no lo hizo.
Cruz de la Mota, en una instancia enviada a la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, a través de sus abogados Manuel Sierra Pérez e Ybo René Sánchez, pide que la entrevista
se realice en la celda donde guarda prisión con las periodistas Julissa Céspedes y Alicia Ortega, la Z-101, El Sol de la Mañana, sin que esto sea limitativo a los demás medios de comunicación.
Cruz de la Mota fue detenido por la muerte de su amigo de infancia, Orlando Jorge Mera, ocurrida el 6 de junio en las oficinas del Ministerio de Medio Ambiente.
Según el expediente del órgano acusador, Fausto Miguel Cruz, apodado “Carandai”, planificó el asesinato del ministro, porque este se oponía a otorgarle permisos para exportar 5,000 toneladas de baterías usadas.
