SANTO DOMINGO.-.Entidades de la sociedad civil y el Gobierno de los Estados Unidos presentaron ese jueves los resultados del proyecto Acción de la Sociedad Civil por la Seguridad y la Justicia (PASJ, siglas en inglés), que se ejecutó en varias provincias y barriadas del país durante los últimos siete años.
Uno de sus principales objetivos era aumentar el compromiso público de la sociedad civil para monitorear las políticas de seguridad ciudadana y prevención del delito, dijo en un comunicado Participación Ciudadana, a cargo del proyecto junto a la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), con el auspicio de la Agencia para el Desarrollo Internacional (Usaid), estadounidense.
Este proyecto fue implementado desde el año 2015 en el área geográfica denominada el “Corredor Duarte” que va desde Santo Domingo Norte hasta Puerto Plata e incluye las provincias de Monseñor Nouel, La Vega, Espaillat, Santiago, Duarte y Puerto Plata, así como el Distrito Nacional en 18 barrios de la zona norte, y en los municipios de Higüey, La Romana y San Pedro de Macorís.
De acuerdo a la información, se alcanzaron dos grandes componentes, entre ellos el de Seguridad y Justicia, cuyo objetivo primordial fue el de contribuir al afianzamiento de las capacidades de la sociedad civil, destacando la participación activa de 689 organizaciones en la que fueron capacitadas 9,569 personas en prevención del crimen y la violencia.
Además de la conformación de la Red Ciudadana por la Seguridad y la Justicia incorporada por más de 170 organizaciones, la creación de la Coalición de la Sociedad Civil Contra la Trata de Personas por 18 organizaciones y la Coalición Acción por la Justicia y la Seguridad.
En cuanto al componente de Transparencia y rendición de cuentas en la Planificación Territorial Dominicana, se ejecutaron acciones en los municipios de Santiago, Las Terrenas, San Pedro de Macorís, Jarabacoa, la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional.
Durante los siete años de ejecución del proyecto, se incorporó también el componente de Participación Cívica, en el que se realizaron encuentros con candidatos a la Presidencia de la República y a las alcaldías, se integró el acceso a las personas con discapacidad en la que se sistematizaron las experiencias y prácticas de 581 actores que se incorporaron a este proceso.
Dentro del marco del proyecto, los estudios e investigaciones fueron un “gran aporte” para el desarrollo de las acciones implementadas durante la ejecución del PASJ, donde se contó con 25 publicaciones vinculadas a la seguridad y la justicia que están disponibles en la página web de Participación Ciudadana.
