Por Néstor R Ramírez
La provincia Sanchez Ramirez no necesita únicamente más policías; necesita una estrategia integral de seguridad y recuperación comunitaria.
La presencia policial es indispensable, pero, por sí sola, no puede resolver las causas profundas de la violencia y la delincuencia. La verdadera recuperación de una comunidad comienza cuando el Estado recupera el territorio y termina cuando los ciudadanos recuperan la confianza.
De ahí que el desafío deba plantearse en términos más amplios. No se trata solamente de combatir a quienes delinquen; se trata también de impedir que nuevas generaciones encuentren en la violencia y la economía del crimen una forma de vida.
La seguridad debe convertirse en una plataforma permanente de Estado y comunidad, sustenta en información, prevención inteligencia, educación,justicia, oportunidades económicas y participación ciudadana.
El propósito de las autoridades no debe ser simplemente reducir las estadísticas criminales, sino recuperar la tranquilidad, la convivencia y el derecho de los ciudadanos de esta provincia a vivir sin miedo.
El resultado más importante de una política preventiva y de seguridad es que el ciudadano pueda volver a caminar por su comunidad, utilizar sus espacios públicos y desarrollar sus actividades cotidianas sin sentir que su vida está permanentemente amenaza.
Por tanto, el objetivo debe ser construir alternativas concretas frente a la economía criminal. No basta con detener al joven que delinque; debemos ofrecerle alternativas antes de que llegue a delinquir.
Antes de improvisar o diseñar una política de seguridad, es necesario conocer primero el problema,es necesario responder a estas interrogantes; dónde, cuándo,cómo y por qué ocurren los delitos.
Aquí resulta útil aplicar el principio de la pirámide invertida, utilizando en el periodismo para organizar la información: comenzar por los hechos más importantes, identificar los problemas prioritarios y, a partir de ellos establecer las acciones necesarias.
-La seguridad pública también requiere información precisa, actualizada y territorializada-
Propongo la creación de un Observatorio Provincial de Seguridad y Convergencia Ciudadana, integrado por representantes de la Policía Nacional, Ministerio público, la Gobernación Provincial, los ayuntamientos, instituciones educativas, organizaciones comunitarias y especialistas en conducta humana y preventiva.
Este Observatorio debería producir y actualizar periódicamente un mapa Provincial de riesgos y hechos delictivos, identificando, entre otros: Homicidios,
Heridas y agresiones con armas de fuego,robos y atracos, violencia y conflictos intrafamiliares, puntos de venta y consumo de drogas, zonas donde se producen enfrentamiento armados,lugares donde producen conflictos recurrentes, (muy a menudo),espacios públicos deteriorados o abandonados que pueden convertirse en focos de inseguridad; ejemplo el antiguo edificio del Cine Cotui.
Este Observatorio no debe limitarse a recopilar estadísticas. Debe convertirse en una herramienta para tomar decisiones.
La información obtenida debe servir para determinar dónde intervenir, qué tipo de intervención se necesita, cuáles instituciones deben participar y como medir los resultados.
Una estrategia seria de seguridad no puede concentrarse únicamente en la persecución del delito. También debe actuar sobre las condiciones que facilitan que un joven termine incorporandose a actividades criminales.
Por ellos, propongo desarrollar programas de escuelas deportivas comunitarias,talleres de música, artes y cultura, capacitación técnica y formación laboral, programa de primer empleo ( ferias de empleo) actividades educativas y recreativas para jóvenes en situaciones de riesgo.
Con estas acciones se busca construir alternativas concretas frente a la economía del crimen organizado, especialmente para aquellos jóvenes que todavía pueden ser incorporados a una vida productiva y socialmente útil.
Mesa de Seguridad Permanente.
Esta segunda propuesta consiste en agenda espacio de coordinación institucional y comunitaria.
La misma podría estar integrada por:
*Gobernación Provincial.
*Policía Nacional.
*Ministerio público.
*Ayuntamiento.
* Ministerio de la juventud.
*Representantes de iglesias.
*Organizaciones sociales y comunitarias.
* Universidades y centro educativos.
*Sector empresarial y comercial.
* Especialistas en criminologia y conducta humana.
La Mesa debería reunirse periódicamente, establecer prioridades, asignar responsabilidades y evaluar los resultados alcanzados.
Además, sería conveniente que sus resultados sean comunicados públicamente afín de que la población sepa donde se esta interviniendo y cuales son los resultados.
El autor es periodista investigador forense, con Bachillerato en justicia criminal.
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