Procuraduría debe investigar de inmediato matanza en punto de drogas en Haina

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 La Comisión de la Verdad es una necesidad 

En horas de la madrugada del pasado 24 de diciembre, día de Nochebuena, hubo un incidente a tiros, donde murieron cuatro personas.

Este suceso, del cual las autoridades no han ofrecido ningún detalle, más bien lo han ocultado, se produjo durante un atraco a un «punto de drogas», en la comunidad de Haina, provincia de San Cristóbal.

Los nombres de los fallecidos son Fernando de la Cruz, su hermano Armando, y un conocido por “El Flaco”. Del otro, se desconoce su identidad y apodo.

Esto sucedió en la calle Peña Gómez, por la zona franca, cerca del cementerio.

Según testigos y vecinos, un tal “Yuly”, deportado y dueño de un pequeño supermercado, en la calle Proyecto, esquina Duarte, ordenó a Armando «saquear» el negocio de las drogas.

Éste (Armando), logra ultimar a dos de las custodias del punto de venta de drogas (a «El Flaco» y al desconocido), y un tal “Pacheco”, dueño de ese ilícito negocio, contraataca, y mata a Armando y a su hermano.

De acuerdo a los datos que nos fueron ofrecidos, la pistola que usó Armando es propiedad del tal “Yuly”.

Debemos destacar, que de acuerdo a las informaciones que hemos recibido, Armando estaba en libertad condicional, después de haber sido capturado con drogas y un arma ilegal, y, además, acusado de la muerte de otro vendedor de drogas, en la vecina comunidad de Nigua.

El hijo de “Yuly” , quien es menor y también fue apresado con una pistola y drogas, en un vehículo propiedad de su padre, también fue puesto en libertad, en el mismo destacamento de la Policía, del municipio de Haina.

Hoy, “Yuly” está en libertad ante los ojos de una Haina enlutada. Tampoco ha sido investigado sobre el suceso, a pesar que la comunidad lo responsabiliza de la matanza.

No hay duda, que las autoridades con su retorcida aplicación de justicia, permitió la libertad de reconocidos delincuentes, que hoy son los responsables de estos crímenes.

Es bueno señalar que, de acuerdo a las informaciones, miembros de los cuerpos represivos cobraban su alto «peaje», en ese lugar, a la vista de los ciudadanos.

El Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía Nacional, deben realizar una urgente y exhaustiva investigación y explicar estos hechos a la comunidad nacional e internacional, por la gravedad de los mismos.

Este hecho ha sido ocultado por las autoridades, tanto policiales como del Ministerio Público.

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