Por Rommel Santos Diaz
El Estatuto de Roma dispone que un Estado Parte podrá denunciar el Estatuto por medio de una notificación dirigida al secretario general de las Naciones Unidas, alegando que desea renunciar al Estatuto.
La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que se reciba la notificación, a menos que en ella se indique una fecha ulterior. Debería tomarse en consideración que el Estatuto señala las obligaciones del Estado, las cuales rigen a pesar de la renuncia y la notificación de la misma.
Es pertinente señalar que los Estados pueden ratificar, aceptar, aprobar o adherirse al Estatuto de Roma de acuerdo a las disposiciones indicadas en el artículo 125 del mismo.
Conviene señalar que no se admitirán reservas de los Estados al Estatuto de la Corte Penal Internacional, pero podrán hacer una declaración cuando haya contradicciones entre la aceptación de la jurisdicción de la Corte para crímenes de guerra, durante los siete años siguientes a la entrada en vigor del Estatuto en el Estado en cuestión, cuando se alegue que se cometió un crimen de guerra por un nacional del Estado o dentro de su territorio.
Los Estados Partes que deseen renunciar al Estatuto, deberán seguir el procedimiento, y continúan obligados en algunos aspectos al Estatuto de Roma.
En otro orden, los Estados Partes probablemente contarán con los procedimientos para tratar estas cuestiones. La única disposición que podría chocar significativamente con las disposiciones comunes de tratados, es el artículo 124, sobre el caso especial de los crímenes de guerra de la competencia de la Corte Penal Internacional.
Según lo planteado anteriormente, los Estados deberán tomar en cuenta que los principios fundamentales subyacentes a las disposiciones sobre crímenes de guerra del Estatuto no difieren de aquellas obligaciones del derecho humanitario y derecho consuetudinario existentes. La diferencia más importante consiste en que se penalizan más violaciones que aquellas violaciones graves de los Convenios de Ginebra.
Sin embargo, los Estados deberían contar ya con la legislación que regule tales conductas como violaciones a las leyes de la guerra, y el personal militar debería conocer estas disposiciones.
La mayoría de los Estados no necesitarán siete años para capacitar al personal competente sobre los requisitos de las disposiciones sobre crímenes de guerra del Estatuto de Roma.
Sería una pena que un Estado decida hacer la declaración del artículo 124 del Estatuto de Roma, y este es posteriormente invadido por una fuerza hostil que cometió numerosos crímenes de guerra, quedando el Estado incapaz para impugnar estos crímenes por no haber aceptado la competencia de la CPI y no contar con los recursos propios para llevar a cabo el enjuiciamiento por sí solo
.
Es lógico destacar finalmente, que los Estados deberán reflexionar cuidadosamente sobre hacer o no la declaración del artículo 124 cuando ratifiquen el Estatuto de la Corte Penal Internacional, debido a que podría traer consecuencias perjudiciales para estos.
Rommelsantosdiaz@gmail.com
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