Por Rafael Díaz Filpo
La discusión en torno a la posible designación de Tomás Hernández Alberto como Administrador General del Banco Agrícola Dominicano invita a una reflexión serena sobre el perfil que demanda una institución clave para el desarrollo económico y social del país. Se trata de valorar capacidades, trayectoria y visión estratégica en un sector que incide directamente en la estabilidad nacional: la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria.
El Banco Agrícola ha sido uno de los principales instrumentos financieros del Estado para garantizar el acceso al crédito en el sector agropecuario. Su función trasciende el financiamiento ordinario, pues impacta de manera directa en la producción de alimentos, el sostenimiento del campo y la protección de miles de pequeños y medianos productores. Desde una perspectiva constitucional, su adecuada conducción constituye un asunto de interés público, estrechamente vinculado al bienestar general.
La Constitución dominicana impone al Estado el deber de crear condiciones que aseguren una producción agrícola suficiente, sostenible y accesible. En ese marco, el crédito agrícola, gestionado con criterio técnico y sensibilidad social, se convierte en una herramienta decisiva para garantizar la seguridad alimentaria y reducir desigualdades estructurales. El Banco Agrícola ocupa, por tanto, una posición estratégica dentro del modelo del Estado Social y Democrático de Derecho.
Es en este contexto donde adquiere relevancia la figura de Tomás Hernández Alberto. Su trayectoria profesional ha estado ligada, en distintos escenarios institucionales y bajo diferentes administraciones públicas, al sector agrario y a las políticas de financiamiento productivo. A esa experiencia se suma una sólida hoja de servicios públicos: fue regidor del Distrito Nacional en dos períodos, desempeñando un rol determinante en la vida municipal y siendo pieza clave para que quien suscribe estas líneas asumiera la presidencia de la Sala Capitular del Ayuntamiento del Distrito Nacional.
Asimismo, Tomás Hernández Alberto fue diputado en el período 1982–1986 y vocero de la bancada del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), etapa en la que se distinguió por su firmeza institucional, su capacidad de diálogo y su apego a las reglas democráticas. Su ejercicio de la función pública ha estado marcado por la honestidad personal, la transparencia en el manejo de los asuntos colectivos y una conducta coherente a lo largo del tiempo.
La eventual designación de Tomás Hernández Alberto al frente del Banco Agrícola debe leerse desde una perspectiva de responsabilidad pública. Apostar por perfiles con experiencia sectorial, conocimiento institucional y probada integridad contribuye a fortalecer la confianza en la gestión pública y a reafirmar el compromiso del Estado con una administración orientada al bien común.
Juez Emérito, primer sustituto del presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana.
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